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ACOMPAÑANDO LA ORGANIZACIÓN Y LA LUCHA INDÍGENAS > EL LLAMADO PRIMER CONGRESO INDÍGENA NACIONAL
Todas estas polémicas, avances conceptuales y esclarecimientos políticos fueron sentando las bases para comprender los nuevos hechos que surgían en el proceso de organización de los indígenas, en especial en lo que tenía que ver con su conformación como un movimiento de nivel nacional, objetivo que se venía formulando en forma explícita desde finales de los años sesenta como un desarrollo de los procesos de unidad que tomaron forma con la creación de la Secretaría Indígena de la ANUC, en el Congreso Nacional en Sincelejo en 1972, primero, y, más adelante, con la amplia participación de los indios en los trabajos de la comisión indígena en el Tercer Congreso de la ANUC, que se reunió en Bogotá en 1974 y donde nació el periódico Unidad Indígena.
De ahí que a comienzos de los 80 me fuera posible lanzar una visión crítica sobre el Congreso Indígena Nacional que tuvo lugar en el Colegio Claretiano de Bosa, en las cercanías de Bogotá, congreso fundacional de la ONIC y en el cual un amplio sector indígena del suroccidente del país, agrupado en el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente, intervino en contra de aquellos que pretendían crear una organización indígena de cobertura nacional sin que existieran en ese momento las bases de organización y unidad suficientes para ello.
Para conseguirlo, tuve que profundizar en el examen de diversos hechos del movimiento indígena, en especial todos aquellos relacionados con la diferencia y la unidad en su proceso de crecimiento; igualmente, adelanté una primera crítica a las conclusiones y decisiones que se tomaron en dicho congreso, las cuales prefiguraban ya muchas de las desviaciones y errores que se presentarían tiempo después en el movimiento y las organizaciones indígenas, y hasta en el propio Movimiento de Autoridades Indígenas, como ocurre en la actualidad.
EL LLAMADO PRIMER CONGRESO INDÍGENA NACIONAL
[Escrito en febrero de 1982. Publicado por Cine Club de Antropología OSEADIGAMOSOSEA, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1987]
El Congreso realizado en Bosa ha sido presentado por sus organizadores de la Coordinadora Indígena Nacional como el resultado del auge y desarrollo del movimiento indígena en los últimos 10 años, como si con él culminara una etapa y se diera inicio a una nueva, como si él marcara un cambio cualitativo en y para las luchas indígenas en el país.
Pero esto no es cierto. El auge del movimiento indígena a escala nacional tuvo lugar entre 1973 y 1976, prolongándose en algunas regiones durante un tiempo más. Ahora se presenta una situación de reflujo con la excepción de algunos lugares del sur (Cauca y Nariño).
Esta situación es notable si se analiza lo ocurrido en el Cauca con el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), la organización que ha llevado el peso principal dentro de la Coordinadora y por lo tanto en la organización del Congreso de Bosa.
LO QUE HA CAMBIADO
El CRIC, considerado como movimiento de masas de las comunidades indígenas y no como simple aparato organizativo, ha venido en decadencia a partir de su IV Congreso, realizado en Toez en 1975, y sobre todo del V, que tuvo lugar en Coconuco en 1978. Dentro de este lapso de tiempo se consolidó y oficializó dentro de la organización una de las dos tendencias que se mueve en su interior, pero también dentro de las diferentes comunidades: la línea integracionista, en oposición a aquella que plantea el desarrollo de lo propio como base de la lucha.
Esto como resultado de su propio avance, pero principalmente por la influencia de sus “asesores” no indígenas y de las relaciones establecidas por estos con organizaciones políticas de la izquierda colombiana.
Se ha ido aceptando paulatinamente, hasta convertirse en una idea fija, que los indígenas no tienen una política propia o que, si la tienen, ésta no es correcta, y que la única manera de adoptar una línea política correcta es aceptando alguna que venga de una organización política de la izquierda colombiana.
Así se van dejando de lado el programa que ha orientado la lucha, surgido de las propias comunidades, y la caracterización del CRIC, culminando con la plataforma política “adoptada” en el V Congreso en Coconuco (pese a estar impresa y distribuida en amplia escala en el país con más de un mes de antelación).
El cambio fundamental se presenta en cuanto a la caracterización de los enemigos principales de los indígenas caucanos y blancos principales de las luchas del CRIC. Al considerar como enemigo de importancia al capitalismo que empieza a penetrar al Cauca a través del mercado (en lugar de a los terratenientes), se abandona como prioritaria la lucha por la recuperación de los territorios indígenas, en su forma de resguardos (punto fundamental del Programa del CRIC) o, si se mantiene, se hace únicamente como recuperación de tierras, no importa la forma que ésta revista, así sea la de empresas comunitarias del INCORA o la parcelación individual de lo recuperado, cambiando la reivindicación de contenido indígena por una de claro carácter campesino. Argumentando, además, que esto se hace necesario porque el INCORA no colabora más para las recuperaciones. Es así cómo en un balance sobre 1981 no aparece ni una sola recuperación (véase el periódico Unidad Indígena, No. 53).
Esta modificación básica en la orientación política enajena cada vez más al aparato el apoyo de las comunidades indígenas que siguen luchando contra los terratenientes y por sus resguardos, aquellas del oriente y el norte, sin que cause demasiado impacto en algunos sitios de Tierradentro, donde los resguardos no están amenazados o no es esta la reivindicación principal. O consolidando su influencia en las pocas comunidades del centro, cercanas a Popayán y mucho más integradas, como Paniquitá, que acaba de solicitar del INCORA la parcelación de las tierras recuperadas.
En este terreno, se pone como tarea principal para combatir este capitalismo de mercado el desarrollo de tiendas y empresas comunitarias y, básicamente, la creación de una Central Cooperativa que las unifique y coordine, a la cual se dedican los mayores esfuerzos.
También se abandona poco a poco la idea del CRIC como una organización que coordina y une a las autoridades indígenas, los cabildos y gobernadores, idea que presidió su creación y que es otro de los puntos claves de su programa, para convertir al Comité Ejecutivo en un aparato autónomo, cuya orientación viene de afuera y algunos de cuyos miembros “más indios” no son citados a algunas de sus reuniones porque “no entienden” lo que se discute, según afirman los demás. La Junta Directiva, originalmente la máxima autoridad del CRIC después de los Congresos, conformada por dos representantes de cada cabildo, es decir, por autoridades, va siendo convertida en un órgano figurativo, reducido a citar los congresos y a nombrar el Ejecutivo, pero sin ningún papel en definir la política de la organización.
Las pérdida gradual del apoyo de las comunidades, que ven así desconocidas o relegadas sus autoridades, hace de este Ejecutivo un grupo burocrático que se perpetúa a sí mismo, caso de Trino Morales y Palechor, o dentro de un mismo núcleo, caso del clan Avirama de Coconuco.
Se llega finalmente a definir el CRIC como una mera organización gremial y a sus reivindicaciones como meras reivindicaciones gremiales, negándose todo carácter político a una y a otras. Esto, unido a la unilateral caracterización de los indígenas como campesinos, limita cada vez más su capacidad de dirigir las luchas de las comunidades que, apoyándose en la defensa de lo propio, dan a sus acciones y movimientos un carácter de nacionalidades y pueblos, aunque estos conceptos no siempre aparezcan explícitamente en sus formulaciones.
La insistencia creciente en plantear que el movimiento indígena es de clase y sus luchas parte de las luchas de clases, olvidando o subvalorando sus otros aspectos, los priva del apoyo de aquellas comunidades que dan importancia a otros elementos de su situación y luchan por ellos: autoridad, lengua, cultura, etc.
Por ello, cuando en 1979 se desata la represión sobre los dirigentes de la organización, la incidencia del Comité Ejecutivo entre la mayor parte de las comunidades es mínima y mínimo también el apoyo que recibe de estas. En consecuencia, el aparato se dispersa y desaparece su presencia física de las comunidades.
Ya no es posible la amplia movilización de las comunidades para combatir la represión, como sí se había hecho en el pasado cuando los asesinatos de Gustavo Mejía, Benjamín Dindicué y otros dirigentes, o cuando se reprimía y encarcelaba a comunidades enteras. Ahora es dentro de la sociedad colombiana o en el extranjero (Europa, principalmente) donde se busca apoyo y solidaridad ante la carencia de fuerza interna; cosa que es reconocida a veces en su propio periódico Unidad Indígena. Mientras Europa es bombardeada de denuncias, cartas y comunicados, y cosa similar ocurre en Colombia con organismos como el Foro por los Derechos Humanos y los diversos comités de este tipo, ni una sola movilización amplia de los indígenas de las comunidades se efectúa en el Cauca.
Allí, en cambio, cunde el derrotismo, se afirma que no hay condiciones para luchar y que hay que esperar a que amaine la represión. El aparato mantiene su presencia en la sede de Popayán, donde recibe a los delegados internacionales que vienen a comprobar la represión, y sigue con su tarea de la Central Cooperativa, también ubicada en Popayán; igualmente realiza semanas de solidaridad en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades. El Ejecutivo se hace un órgano sin bases o con ellas desmovilizadas, que subsiste como tal gracias al apoyo de sectores colombianos y a la financiación internacional, en un proceso semejante en muchos aspectos al que experimentó la ANUC algunos años atrás.
LA COORDINADORA INDÍGENA NACIONAL
En octubre de 1980, los Ejecutivos reaparecen en el Tolima, ahora acompañados por el CRIT (que unas veces se traduce por Consejo Regional Indígena del Tolima y otras del sur del Tolima), para realizar en Lomas de Ilarco el llamado Primer Encuentro Indígena Nacional, organizado desde Bogotá principalmente con la ayuda de FUNCOL, Fundación Comunidades de Colombia, de origen misionero católico y relacionada con la desprestigiada ASCOIN (Asociación Colombiana Indigenista, organizada por los misioneros católicos y gerenciada por el padre Arango, y cuya revista Saksa-ta fue fundada y dirigida por el hoy director de FUNCOL).
El calificar este encuentro indígena como primero tenía como objetivo fundamental aparentar ante las organizaciones internacionales, que lo financiaron y que asistieron a él con gran profusión, que se trataba de algo nuevo en el movimiento indígena en Colombia, un desarrollo importante de este y que, en consecuencia, sus dineros estaban siendo bien invertidos. Se desconocía así que había habido otros encuentros indígenas con anterioridad, ellos sí durante el auge del movimiento y por ello más representativos, más claros, más activos y militantes. Así, los que tuvieron lugar durante la III Asamblea del CRIC en Silvia (1973) y los IV y V Congresos del CRIC ya mencionados. Y sobre todo el que se reunió en Bogotá paralelo al III Congreso de la ANUC, en 1974, cuyas conclusiones fueron publicadas como “Hacia la unidad indígena” y que creó el periódico Unidad Indígena, más tarde apropiado por el CRIC. Esto es reconocido hoy, 18 meses después, por dicho periódico, aunque se lo ignoró en ese momento.
Dicho encuentro tuvo como resultado casi exclusivo la creación de la Coordinadora Indígena Nacional, con una única tarea: preparar la realización de un congreso indígena nacional en el término de un año, con una finalidad principal: crear una organización indígena de carácter nacional; es decir, se hizo un encuentro para crear un aparato que organizara un congreso para crear otro aparato. Nada se habló de la necesidad de impulsar, desarrollar y, aun, en algunos sitios, contribuir a crear movimiento indígena. Se tomó, al pie de la letra y abandonando todo su espíritu, uno de los planteamientos del encuentro de 1974 en Bogotá: “Cuando existan 8 o 10 organizaciones como el CRIC y el CRIVA, entonces podremos pensar en hacer un verdadero congreso indígena a nivel nacional”, pero que agregaba que para ello era necesario reforzar a nivel de comunidad, primero, y regional, luego, las organizaciones existentes. Donde no las hubiera, habría que crearlas siguiendo el mismo orden y siempre haciendo un trabajo con y dentro de las comunidades, cuyas características se definen también en tales conclusiones.
El Encuentro de Lomas de Ilarco marcó una vez más el desconocimiento de las autoridades de las comunidades, movilizando a sus adictos, con base en la amplia financiación, y no invitando a sus críticos. Si estos asistieron, se desconoció su carácter y se les dio la categoría de delegados fraternales sin derecho a intervenir en las decisiones. Así ocurrió con la delegación del Cabildo de Guambía, encabezada por su gobernador, calificada de delegación fraternal mientras se reconocía como delegados oficiales, con voz y voto, a los delegados de una empresa comunitaria de 14 familias, únicos apoyos del Comité Ejecutivo del CRIC en Guambía.
También fue importante y significativo el respaldo que allí se dio a la actualmente vigente Ley 89 de 1890, que rige las relaciones entre la sociedad colombiana y las sociedades indígenas y a la cual nos referiremos más adelante.
Asistieron casi tantos delegados de organizaciones internacionales y nacionales, muchas de ellas clericales, como indígenas. Algunos de ellos filmaron películas para circulación internacional, que aún hoy se desconocen en nuestro país.
LA FUERZA REAL SOBRE LA CUAL SE FUNDA LA ONIC
Para poder entender cuál es la fuerza real que confluye en la creación de la ONIC, analicemos algunos aspectos relacionados con el CRIT, segunda organización en importancia en la realización del Encuentro de Lomas de Ilarco (después del CRIC), en las actividades de la Coordinadora y en la preparación del Congreso de Bosa.
Esta organización, de reciente creación y cuyo primer congreso se efectuó el pasado mes de enero, dice representar a los indígenas del Tolima, aunque a veces se refiere únicamente a los del sur del Tolima. Su aparición tuvo lugar con las mismas bases y dirigentes que en la época de auge del movimiento indígena aparecían como los puntales de la posición de la ANUC en Natagaima y Coyaima en contra del movimiento que se desarrollaba en Ortega y Chaparral, ligado con el CRIC. Sus actividades iban encaminadas a respaldar a la ANUC en su conflicto con el CRIC y a torpedear las luchas que se adelantaban en relación con este, dirigidas por el Gran Cabildo de Ortega y Chaparral.
Hoy, aparecen respaldando al Ejecutivo del CRIC y desconociendo, como antes, al Gran Cabildo de Ortega y Chaparral, reconstituido por Manuel Quintín Lame, y que desde entonces ha dirigido las luchas de los indígenas del Tolima, alegando que tal cabildo ha dejado de existir, simplemente por sus posiciones críticas al propio CRIT, y desconociendo de paso uno de los resultados de las luchas lamistas en el Tolima, pese a que dicen reconocer sus banderas.
Esto es más claro si se tiene en cuenta la denominación de Primer Congreso Indígena Nacional dada a tal evento, sin tener en cuenta, quizá por su reconocida ignorancia de la historia del movimiento indígena, que el primer congreso indígena nacional fue organizado por Quintín Lame en 1920, en el Tolima, y que de él surgió el Supremo Consejo de Indias, que constituyó así la primera organización indígena nacional independiente, título que hoy se autoatribuye la ONIC surgida en Bosa, otra vez para dar la apariencia de una nueva etapa, de algo completamente novedoso, no solo a nivel del país, sino también y principalmente para sus financieros internacionales, en especial los holandeses.
Muchos de los cabildos existentes hoy en el Tolima han surgido y se han desarrollado con total independencia del CRIT, el cual, por consiguiente, no los representa; mientras los dirigentes del CRIT reparten su tiempo entre el Tolima y sus actividades burocráticas en Bogotá y otros lugares.
Demos también un vistazo a algunas de las organizaciones regionales participantes en el Congreso de Bosa.
El CRIVA, Consejo Regional Indígena del Vaupés, fue creado por monseñor Belarmino Correa y empleado en la lucha entre misioneros católicos y protestantes. Más tarde se dedicó a participar en las elecciones para Concejo de Mitú. Sus directivos han sido reclutados entre los maestros, inspectores de policía, corregidores, enfermeros, etc., formados por monseñor en su internado misionero y quienes han abandonado la vida de comunidad para trasladarse a los centros de población. Por sus ideas y sus formas de vida, ellos no representan los intereses de sus comunidades de origen, aferradas a sus formas de vida tradicional, por lo cual sus “dirigentes” las consideran atrasadas. Para ellos, su situación de integración a la vida y a la sociedad colombiana es el camino que se debe seguir, porque hay que dejar de ser indígena para “superarse”, abandonando su medio tradicional, como ellos mismos lo dicen en carta que circuló en el Congreso de Bosa.
El CRIDOC, según nos dice el informe de la Coordinadora que se publicó en Unidad Indígena, surgió en junio de 1981 del Primer Seminario Indígena de Occidente, al cual solamente asistieron delegados de tres resguardos: uno de Antioquia (Cristianía) y dos de Caldas (ambos de Riosucio). Pese a esta casi nula representatividad y a su carácter de seminario, se crea el Consejo Regional Indígena de Occidente “con el fin de ampliar sus actividades con los indígenas chamíes de Caldas, Risaralda, Antioquia, El Dovio y La Betulia”. Es de anotar que ya existe en Risaralda el CRIR, Consejo Regional Indígena de Risaralda, pero que no ha podido ser controlado por la Coordinadora, por lo cual se hace explícito el propósito de que el CRIDOC contribuya a dividirlo; además, la comunidad de La Betulia hace parte de los chamí de Risaralda.
En la Sierra Nevada de Santa Marta, también según el informe de la Coordinadora, se reencaucha, con participación de antropólogos, misioneras laicas (USEMI, Unión de Seglares Misioneros), Acción Comunal y Asuntos Indígenas (ambas del Ministerio de Gobierno), el llamado COIA, Consejo y Organismo Indígena Arhuaco, fundado en la época de auge del movimiento por influencia del CRIC y sindicatos de Valledupar y que había sido criticado por la propia comunidad por sus negativos efectos sobre la unidad de la misma, el debilitamiento de las autoridades tradicionales y el fracaso de las luchas adelantadas en formas extrañas a la comunidad y que, por ello, no fueron respaldadas por esta, habiendo dejado de funcionar hace dos años.
En Quibdó, indígenas de 25 comunidades del Chocó y Cristianía, así como estudiantes, sacerdotes e INCORA, organizaron la OREWA, Organización Regional Embera-Waunana, cuyo primer congreso se hizo en febrero de este año. Es de anotar que en el Chocó existe la UNDICH, Unión de Indígenas del Chocó, creada por el obispo de Istmina hace varios años. La UNDICH apareció como participante en Lomas de Ilarco; también se hizo aparecer a veces como una de las organizaciones participantes en Bosa; parece que, finalmente, no se mostró muy útil para los planes de la Coordinadora y se decidió reemplazarla por la OREWA, creada sobre la marcha para tal efecto.
También se menciona como participante el CRIN, Consejo Regional Indígena de Nariño, organización de la cual no ha existido nunca sino el nombre y un Comité Ejecutivo que no se reunió jamás después de su nombramiento, pero con el cual la ANUC trató en su momento de controlar el movimiento indígena en Nariño. Este se ha desarrollado ampliamente en los dos últimos años alrededor de sus autoridades, el Cabildo del Gran Cumbal, y agrupa los de Cumbal, Chiles, Panan y Muellamuez. Desarrolla, además, posiciones críticas a las del Comité Ejecutivo del CRIC y la Coordinadora. Estos compañeros trajeron al congreso un valioso análisis de la experiencia del CRIC, el cual no se les permitió leer ni presentar por su carácter cuestionador.
En estas condiciones, el Congreso de Bosa, al cual asistieron, en representación de estas y otras organizaciones creadas en la misma forma, 5 delegados plenos y 5 de los “asesores” de cada una, no fue un congreso de autoridades indígenas sino un congreso de aparatos, la mayor parte de ellos burocráticos y sin base en las comunidades. Además, como reconocen los organizadores, provenientes en muchos casos de zonas donde no hay movimiento ni luchas indígenas, pero cuya tarea es crearlas. Es así como se entroniza oficialmente la línea fracasada en el Cauca del culto al aparato, del reemplazo del movimiento y las luchas de las comunidades por las organizaciones creadas desde arriba. Pero que da una gran imagen en el exterior y en la sociedad colombiana, pese a que se reconoce (en Unidad Indígena) que no tienen arraigo en las comunidades por las extremadas diferencias de condición existentes entre ellas y que las organizaciones locales seguirán teniendo el mayor peso. Es decir, se reconoce que se crea una organización nacional única, cuando no existen las condiciones mínimas de unidad entre las comunidades y sus movimientos y luchas, contrariando así el correcto criterio del Encuentro de 1974 en Bogotá.
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LA “DEMOCRACIA INDÍGENA” EN EL CONGRESO
Ya el Congreso mismo en su funcionamiento adoptó formas que iban dedicadas a coartar la libre expresión y discusión de las ideas, como lo denuncian varias comunidades en su posición ante el Congreso de Bosa. En las plenarias, mesas redondas y actos públicos solamente tuvieron posibilidad de hablar los incondicionales de los organizadores. Con el argumento de no prolongar, se dio la palabra para informes de zonas, zonas que no tienen ninguna existencia real desde el punto de vista del movimiento indígena.
Así, por la zona sur siempre hablaron, y luego fueron elegidos para el Ejecutivo de la ONIC, los representantes del Ejecutivo del CRIC, acallando así la posibilidad de presentar la otra posición, sostenida por las comunidades críticas del Ejecutivo del CRIC y de la Coordinadora: Guambía, Jambaló, Jebalá, Novirao, La Paila, Cumbal, Chiles, Panan y Muellamuez, todas consideradas de la zona sur. No se permitió presentar su posición en la plenaria final ante los participantes del Congreso e, incluso, se trató de impedir su difusión escrita, decomisándola con la requisa de los delegados de estas comunidades. Se hacía creer así que en todo el sur solo se da la posición oficial del Ejecutivo del CRIC e incluyendo en ella aun a los kamsá de Sibundoy, quienes explícitamente se negaron a asistir al Congreso.
Por el norte siempre intervinieron y fueron elegidos los arhuacos. Pero considerando incluidos en esa zona a wuayúu, barí, u’wa, chimilas y yupka, que no sólo tienen formas de vida completamente diferentes a las de los arhuacos, sino que su problemática es diferente, que no tiene ninguna relación con ellos y que los arhuacos no conocen.
Igual ocurrió con la zona centro, supuestamente representada a cabalidad por el CRIT, tanto en el momento de los informes como en el de la elección.
Por ello, la unidad indígena alcanzada en y mediante el Congreso es sólo una apariencia, una unidad por la cima, por los aparatos, declarada y decretada pero no real, como puede comprobarse al leer las conclusiones de las diferentes comisiones o el balance de los llamados problemas regionales, en Unidad Indígena No. 55. Como un ejemplo, y hay muchos otros, tomamos la importancia dada al problema de la coca, como si fuera casi general y de primer orden, pese a su carácter marcadamente regional. Además, muchas de las comunidades en las que su consumo tiene más importancia no participaron en el Congreso, razón por la cual el papel de la coca en la vida de las comunidades aparece recortado y desfigurado en las conclusiones publicadas.
Pero, además de la artificial creación de la ONIC, aparato más para dar imagen internacional y nacional que para realizar un trabajo efectivo en las comunidades, el Congreso tuvo otros resultados consagrados en sus conclusiones, algunas de las cuales es bueno analizar someramente.
LO QUE DICEN LAS CONCLUSIONES
Es de resaltar, en primer lugar, la aprobación dada a la continuidad de la Ley 89 de 1890 para regir la relación de la sociedad colombiana con los indígenas, en lugar de plantear un proyecto de nuevo estatuto indígena elaborado por el Congreso y que enfrente el proyecto oficial con uno que recoja el querer de las comunidades. Es cierto que dicha ley tiene algunos aspectos parcialmente positivos para los indígenas, como el de reconocerles la propiedad inalienable, imprescriptible e indivisible de las tierras de resguardos, aunque dicha ley dedica la mayor parte de su articulado, porque ese es su propósito, a reglamentar la división y parcelación de los mismos. Igualmente reconoce la existencia de autoridades indígenas en algunas regiones, los cabildos, aunque los subordina al reconocimiento de las autoridades colombianas y limita ampliamente sus funciones y su funcionamiento.
Pero, a cambio, esta ley, cuyo sentido integracionista y aniquilador de las comunidades es perceptible en su enunciado inicial: “por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”, asimila, en su artículo 40, a los indígenas como menores de edad, colocándolos bajo la tutela de protectores de indígenas; desconoce y conculca los diversos aspectos de las formas de vida y culturas de los indígenas.
Pero, lo que tiene mayor importancia práctica, esta ley establece para las tres cuartas partes de las comunidades indígenas del país las bases de la autoridad política, social, cultural y religiosa de las misiones católicas sobre ellas, autoridad que realmente se ha ejercido en esa forma y se ejerce aún.
Es difícil concebir cómo un congreso indígena nacional, que se supone marca el clímax del movimiento indígena, pueda respaldar una ley semejante, inscribiendo al mismo tiempo en su programa la autonomía indígena. Al mismo tiempo se respaldan 9 leyes, casi todas ellas, como la 89, violatorias de dicha autonomía. Quizá la confianza dada a una organización de corte clerical, como la llamada FUNCOL, pueda dar explicación de este hecho.
Pero si entramos a analizar cómo se concibe la autonomía indígena, entendemos otras razones de la anterior contradicción. Porque dicha autonomía está concebida como una autonomía organizativa, entre organizaciones, es decir, entre aparatos; o bien en la relación con algunas instituciones oficiales, como el INCORA (aunque en esto no hubo acuerdo), pero de ninguna manera en un sentido político, es decir, entre sociedades o, si se quiere, entre pueblos. No se plantea, pues, la autonomía de los pueblos indígenas, pese a que en el análisis del Congreso que se publica en Unidad Indígena No. 55 se les da ese tratamiento.
¿Por qué incluir esta caricatura de autonomía como punto primero del programa? Para salir adelante a experiencias como las que se dieron en la relación entre CRIC y ANUC, cuando un grupo político de izquierda, aprovechando su presencia en la dirección de ANUC, trató de tomarse también la dirección del CRIC, es decir, para excluir de entrada la participación en la dirección de la ONIC de otras corrientes políticas distintas de las presentes hoy.
Pero no únicamente por esto. Hay otra razón más de fondo: la de arrebatar una bandera a las comunidades que han tenido una posición crítica y que con la consigna de autonomía de los pueblos indígenas han ido captando de manera creciente el apoyo de otros sectores del movimiento indígena. De acusar a guambianos y paeces de indigenistas y divisionistas, de aislarse del pueblo y las luchas populares colombianas, y de tachar a los indígenas de Cumbal de querer “nacioncitas de niebla y fraylejón”, se ha pasado ahora a tomar la consigna de autonomía al ver que coge fuerza entre las comunidades que no quieren la integración sino que luchan contra ella, pero castrándola de todo contenido político y reduciéndola a un principio burocrático de relación entre organizaciones gremiales, no entre pueblos.
Se trata pues de una maniobra demagógica. Esto queda más claro si vemos que la comisión de legislación indígena se limitó a pedir la aplicación de las leyes colombianas, sin mencionar siquiera el Derecho Propio de los indígenas, es decir, la validez de sus normas, tradiciones, usos y costumbres, ni pedir su reconocimiento por parte del estado colombiano, lo cual sería completamente necesario si de una verdadera autonomía se tratara. Así, el concepto de pueblos empleado en Unidad Indígena se queda en una palabra sobre el papel, cuyas consecuencias no se sacan, pero que da la impresión a quien esté desprevenido que se ha tomado la línea de considerar a los indígenas como pueblos y reivindicar su autonomía.
Las conclusiones, en contradicción con el concepto de pueblo y la reivindicación de autonomía, caracterizan al movimiento indígena como exclusivamente de clases, tal como ocurrió en Coconuco y a lo cual ya nos habíamos referido antes, pero ahora sin definir qué clase y contra qué clases; en esta forma, esta caracterización queda en el vacío y sin ninguna posibilidad de tener eficacia.
Y se refieren a la identidad indígena únicamente como si fuera un aspecto cultural, repitiendo las más desacreditadas posiciones de la antropología, que no tiene mayor peso en las luchas, pero que hay que reivindicar ante la insistencia de las comunidades, aunque se la plantea completamente desvinculada del problema de un pensamiento propio, indígena, ya que se cree que el pensamiento correcto, que las ideas correctas, vienen de afuera del movimiento indígena.
En cuanto al desarrollo de las ideas y posiciones críticas de algunas comunidades, que he mencionado varias veces, así como de la orientación que estas han dado a sus luchas, en el momento en que el Ejecutivo del CRIC decía que no se podía luchar, levantando la consigna: EL CRIC NO HA MUERTO: EL CRIC SOMOS LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS Y EN LUCHA, me remito a diversos documentos, que muestran que esta posición crítica existía ya dentro del CRIC desde sus inicios, aunque por supuesto no tan clara ni tan definida como hoy (“Hacia la unidad indígena”). Ellos indican cómo ha sido su desarrollo de los últimos años (“Cómo recuperamos nuestro camino de lucha”); muestran el desarrollo último de sus posiciones frente al Ejecutivo (“Cric 1980: comunidades en lucha y Comité Ejecutivo”); plantean la forma como, de acuerdo con esos principios, se desarrollan las luchas y la organización en Jambaló (“La lucha indígena en Jambaló” y “Jambaló 81”) y en Guambía (“Abriendo paso a nuestros derechos” y “Manifiesto guambiano”); exponen su posición sobre este evento (“Posición frente al Congreso de Bosa”); y, finalmente, dicen cuál es la posición de algunos sectores colombianos en relación con estos movimientos (“Reconocimiento al Derecho del pueblo guambiano” y “Pueblo colombiano, pueblos indígenas: ¿exterminio o convivencia?”).
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