Las nuevas leyes que rigen la utilización del espacio público en Bogotá comenzarán a aplicarse con todo el peso de su ley, a mediados de 2003 y aunque no sea la primera vez que su uso es reglamentado, pues, desde años anteriores a la promulgación de la Constitución Nacional de 1991, varios artículos, decretos, leyes y acuerdos fueron creados para reglamentar su utilización; sin embargo, desde meses anteriores a la promulgación del Nuevo Código de Policía (Acuerdo 79 enero 20 de 2003), se ha convertido en tema de agitadas controversias, no sólo desde las instancias administrativas de la ciudad, sino de los intereses de sus habitantes.
De igual modo, hay que recordar que los vendedores ambulantes han sido señalados como los presuntos responsables de atentados hacia instituciones dentro de la ciudad, entre ellas un ataque ocurrido en contra de La Policía, hecho ocurrido en el segundo semestre de 2002, cuando a uno de los camiones de los que se encargan de realizar las famosas recogidas, mientras transitaba por la Carrera Décima entre las calles doce y once, le fue lanzada una granada, que no causó únicamente daños al comercio del sector, sino también averías a las edificaciones cercanas y desató un miedo generalizado en las personas que nos encontrábamos en San Victorino, también produjo la muerte de un joven, un bachiller de policía que iba en la parte de atrás del camión, el lugar más afectado por la explosión.
Este es uno de los hechos que enmarca la situación de enfrentamientos sobre una zona conflicto, que algunos llaman el espacio público, para otros son simplemente las calles para otros su territorio pues allí aprenden, comen y viven.
Sin embargo, sería bastante más larga la lista de hechos que podríamos recoger sólo con lo ocurrido en el año 2002, bastaría referenciar los constantes artículos, editoriales y mini-cápsulas que aparecen en los periódicos. De todos modos parecería que la mayoría de estos escritos se inclinan a valorar positivamente los “adelantos” en las políticas sociales y urbanísticas de la administración de la ciudad y sólo están en su contra o al otro lado de la balanza cuando aquéllas afectan sus intereses.
Como ejemplo de esto, el pasado 23 de septiembre de 2002, el editorial de El Tiempo hacía una crítica de las nuevas intenciones de sacar a los voceadores del periódico de las calles y las aceras de la ciudad, por violar la política del espacio público. El Editor anotaba que esta idea estaba en contra de la liberta de expresión y de prensa a la que todos los colombianos tenemos derecho. Ahora suena irónico que El Tiempo utilice estas críticas, cuando fue uno de los más fervientes colaboradores del Plan de Recuperación del Centro que se propuso en el Gobierno de Enrique Peñalosa, quien buscaba sacar de las aceras a los vendedores ambulantes que no vendían periódico y que eran considerados como “invasores”.
Sin embargo, estos planes de recuperación de ciertos sectores de la ciudad no han sido exclusivos de uno u otro personaje responsable de la administración de la ciudad, pero sí han sido la punta de lanza que demostraría las medidas de su poder y acción represivos y de sus intenciones bienhechoras. Es así como algunos de los aspectos enumerados anteriormente son sólo unos pocos de los antecedentes de esta situación, aspectos reforzados por hechos recientes y en cierto modo “espectaculares”13
Pero el contexto de este conflicto no se restringe a uno o varios años atrás, menos aún a ciertas medidas represivas o bienhechoras de uno u otro alcalde, o a la intención de uno u otro medio periodístico, indudablemente aspectos económicos, sociales, políticos y aún culturales avivan esta situación.
¿Qué ciudad se quiere tener?, ¿hacia qué “modelo” de esta se espera llegar?, ¿qué cosas son buenas y malas para poder acceder a este modelo?, ¿a quién sirve y a quién no?, pero sobre todo, ¿quienes son “invitados” a habitar esa ciudad y son considerados “ciudadanos”, o quiénes son ocultos, negados, vueltos invisibles y por lo tanto ausentes de ese sentido de ciudad?
Se podría plantear que hay un modelo que se quiere seguir, en este caso un modelo de la ciudad que se quiere llegar a tener. Por otro lado, los ciudadanos son los que en últimas no solo harían está ciudad, sino quienes posibilitarían la realización del modelo, con sus fracasos o con sus logros, sobre quienes recaen los medios que garantizaran que haya menos fracasos que logros; entonces, habría, algo así como “buenos y malos ciudadanos”.
Para la Alcaldía, es en el espacio público donde es posible vivir con gran magnitud la vida pública, es el lugar de las apropiaciones y las pertenencias, donde se constituyen y en donde se evidencian de manera práctica los derechos y los deberes de los habitantes de la ciudad.
La Defensoría del Espacio Público es una entidad que fue creada en 1999 con el fin de ayudar a la preservación y al mantenimiento de las mejores condiciones de la calidad de vida en Bogotá; su objetivo debe ser logrado a través de una defensa del espacio público, la administración del patrimonio inmobiliario y de la formación de una cultura por medio de la cual se garanticen su disfrute, la participación y el uso en comunidad.
Magnificas propuestas; planteadas para que se reduzcan desigualdades y además rescatar la diversidad, sobre todo buscando reducir “diferencias” económicas y sociales, que se constituye como propuesta desde la Defensoría del Espacio Público. Pero, ¿por qué crear una “defensoría”? ¿De quién hay que defenderse?.14
Para Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, la recuperación del centro de Bogotá, cumple con dos objetivos importantes. El primero, que al ser el “centro” de Bogotá, se convierte en el centro de Colombia, y eso lo constituye en un símbolo, igual que la bandera, el escudo, el himno, etc., el segundo, que realmente el “centro” está ubicado en el centro mismo de ella y puede convertirse en el sitio de integración de la ciudad, donde se encuentren los habitantes de los cuatro puntos cardinales; es un objetivo más urbano, más de funcionamiento.
Ese proyecto de recuperar el centro para volverlo un sitió de reunión se cimentó y se cimienta aún en lo que Peñalosa denomina la recuperación del espacio público:
Porque estaba absolutamente invadido de vendedores informales por todas partes, en un tramo de calles se podían encontrar fácilmente hasta sesenta, setenta carretillas de vendedores de contrabando y frutas que bloqueaban la vía por completo y generaban mugre, desorden, toda clase de problemas. que uno aceptaría si fuera una carretilla o dos, muy bonito, muy exótico, pero como yo no tengo la posibilidad de decirles es que usted sí me cae bien y aquel otro no; entonces no se puede permitir la existencia de eso. Se ha recuperado el espacio público en la carrera décima, donde hay más de 300.000 personas esperando el bus cada noche, y no tenía andenes, era un barrial, una plaza de mercado horrorosa, absolutamente terrible la inseguridad (Beccassino 2000: 210).
Resulta, no obstante, que esa “invasión” de las calles por los “vendedores informales” no se da por un capricho de la gente que practica este tipo de venta; y que el número de personas que la realizan aumentó en la época de la crisis desde, el año 1997, según resultado de estudios del Departamento Nacional de Planeación, muy a pesar de la idea de “exotismo” del exalcalde.15
En dos boletines16 que presentan los principales indicadores de la coyuntura social, el Departamento Nacional de Planeación, analiza los cambios ocurridos en el período de crisis que se presentó en Colombia, y que demuestran que desde el año 96 hay un cambio en la actividad económica, que transforma las características de la población ocupada y el incremento del desempleo. Y es que a pesar de la recuperación del Producto Interno Bruto que se presentó hacia el año 2000, el crecimiento no fue suficiente para retroceder los impactos de la crisis, de tal modo que se mantuvieron la persistencia de la pobreza y las altas tasas de desempleo con sus efectos.
En la dinámica laboral, el citado estudio referencia que en los períodos de depresión hay un aumento en la movilidad descendente de los empleados, se reduce el empleo formal y hay un incremento en el informal, por lo tanto la participación de la población que trabaja aumenta:
La conversión a valores absolutos revela que, comparativamente con 1999, en 2000 hay 1.3 millones de personas más en la población económicamente activa, PEA, presionando por los escasos puestos de trabajo o por generarse su fuente de empleo en el sector informal, de ellas 421 mil corresponden a población masculina y 869 mil a la femenina (Departamento Nacional de Planeación 2000: 32).17
Es decir, que las cifras anteriormente citadas corresponden a este sector que responde por más del 60% de la ocupación en las 10 principales ciudades y en el cual hay una mayor participación de las mujeres: sobre todo hay un aumento en la época de la crisis en oposición al período de 1994-1996 en el cual los índices se mantienen constantes, desde 1996-2000, crece notoriamente este tipo de ocupación.
Para Peñalosa, no obstante, es indispensable recuperar el centro de la ciudad a pesar de los fuertes costos que signifiquen algunas acciones; claro ejemplo de esto son los desalojos que se realizaron en San Victorino.18 Para Peñalosa era necesario recuperarlo porque era un símbolo muy importante, que demostraba un sector que, según sus palabras, era muy tolerante con el desorden, donde se podía todo, invadido por casetas en las plazas y las calles: la Jiménez, la décima etc. Al recuperarlo, se demostraba “la voluntad radical en defensa de lo que es una norma en una ciudad” (Beccassino 2000: 209). Peñalosa, al referirse a la situación de la plaza de San Victorino, hace hincapié en cómo estaba “invadida por los vendedores ambulantes antes de la “recuperación”:
Y eso creció como un hongo y se volvió ese tipo de cosa donde en la sombra hay grupos poderosos organizados como miles de personas trabajando debajo, que nadie pensó que el Estado pudiera hacer algo ahí. Felizmente nosotros pudimos actuar, porque después que hicimos eso salió una sentencia de la Corte Constitucional que nos enredaba mucho más la vida para recuperar espacio público. Además, en todos los operativos que nosotros hicimos en el centro no tuvimos ni un solo herido, nada. Entre otras nos criticaron que usamos mucho la fuerza, pero sí la usamos a propósito, de manera avasalladora para evitar que vieran que no habían ninguna posibilidad de pelea. Para sacar a cuatrocientos vendedores poníamos tres mil policías, buldózeres, helicópteros encima haciendo ruido de manera intimidante, todo lo que se pudiera hacer para disuadir, para que la gente viera que no había ninguna posibilidad de oponerse. Porque si dejábamos espacio para una posibilidad, eso se volvía pelea, había heridos, había muertos (Beccassino 2000: 212).
No obstante, lo que es un “hongo” para Peñalosa, es una forma de vida para los Ingas, especialmente para los mayores; por lo tanto, otra visión del “Plan Centro” es la propuesta por los ingas que viven en Bogotá en su Manual de Convivencia (1998):
La mayoría de los Ingas se encuentran radicados en la ciudad de Bogotá, hace aproximadamente 39 años como ya se mencionó antes, durante todo este período de permanencia han tenido que atravesar muchas dificultades, entre ellas: no tener lugares de trabajo y actualmente este problema se agrava con el “plan centro” sobre todo para los mayores Ingas, quienes serán desalojados y no tendrán donde trabajar y compartir sus conocimientos, estar expuestos a discriminaciones, también están los problemas económicos, entre otros (Casa Cultural Cabildo Inga, 1998: 6).19
Si consideramos que una de las funciones de la administración pública en las ciudades es organizar y controlara las transformaciones del espacio, uno de los mecanismos sería la planificación del mismo, la planificación urbana del espacio urbano, en la cual intervienen sectores públicos y privados, los cuales se encargan de distribuir y delimitar los espacios públicos y privados; los últimos muchas veces diseñados especialmente para cumplir una función de circulación. Estos planes urbanos se constituyen en maneras de pensar y realizar la ciudad.
En el planeamiento urbano, se diferencia entre espacio urbano y espacio social, teniendo como catalizador un proceso público y privado. Lo que realiza este planeamiento, al decir de Tello y, tomando como ejemplo el planeamiento y la posterior construcción de “la vivienda”, es:
Basarse en la innegable universalidad de las necesidades residenciales y al considerar las estructuras familiares medias como elementos generales y permanentes, transforma la problemática derivada del desfase entre la realidad social y la construcción y la renovación de la ciudad en una cuestión de política urbana (Tello 2000: 16).
Pero afirma que esta política desconoce que la vivienda no solo está determinada espacialmente, por un precio o por un lugar especifico en donde se encuentre, la principal importancia de las viviendas es crear fronteras sociales que definen, excluyen e incluyen a quienes puede disfrutar de ciertos “niveles culturales” y los que sólo pueden reivindicarlos.
Para Escobar (1996), la planificación, sus técnicas y sus prácticas han sido centrales en el desarrollo; ya que por medio de ellas se dio legitimidad a esta empresa, pues se constituye como la posibilidad de realizar para el dominio público la aplicación del conocimiento científico y de sus técnicas asociadas a procesos de dominación y control social; “hablando en términos generales, el concepto de planificación encarna la creencia que el cambio social puede ser manipulado y dirigido, producido a voluntad” (Escobar 1996: 216).
Más adelante agrega: “ una vez normalizados, regulados y ordenados, los individuos, las sociedades y las economías pueden ser sometidas a la mirada científica y al escalpelo de la ingeniería social del planificador, quien, como un cirujano que opera sobre el cuerpo humano, puede entonces intentar producir el tipo deseado de cambio social” (Escobar 1996: 219).20
El mismo autor señala cómo son tres los factores fundamentales que concluyeron en la aparición de la planificación en la experiencia europea del siglo XIX: “el desarrollo del planteamiento de las ciudades como una manera de tratar los problemas del crecimiento de las ciudades industriales, el ascenso del planeamiento social y el incremento de la intervención de la economía moderna que se cristaliza con la institucionalización del mercado y la formulación de la economía política clásica” (Escobar 1996: 216).
Revisemos lo que plantea desde la historia para el primer aspecto. El capitalismo y la Revolución Industrial, en la primera mitad del siglo XIX, produjeron drásticos cambios en las ciudades, especialmente en las ubicadas en la Europa Noroccidental. Una imagen de éstas, puede ser provista por las escenas de una cada vez mayor cantidad de gente fluyendo hacia los viejos barrios, el aumento de las fábricas y las industrias cubriendo con su humo las calles, en las cuales corrían ríos de aguas de poca calidad, con muy poca higiene, focos de infecciones y enfermedades. Fue de allí de donde salió la metáfora de la “ciudad enferma”, superpoblada, desordenada, que necesitaba urgentemente un tipo de “ayuda” que parara ese caos urbano.
Pero quienes estaban principalmente preocupados por esta situación eran los funcionarios y los reformadores de estas ciudades, quienes empezaron a concebir la ciudad como un objeto que debía ser analizado por medio de la ciencia, consternados por la situación de las normas de higiene, el déficit de obras públicas y la mala estructura de las que ya existían, las pocas o nulas intervenciones sanitarias, etc.
Esto engendró como consecuencia que las ciudades fueran transformadas bajo dos requerimientos principales: él tráfico y la higiene; “ las ciudades fueron diseñadas o modificadas para asegurar una apropiada circulación del aire y del tráfico y los filántropos se propusieron erradicar los espantosos barrios marginales y llevar los principios morales correctos a sus habitantes” (Escobar 1996: 217). Por medio de este proceso se hizo una nueva construcción del espacio, objetivizando a la gente, produciendo una transformación en la tradicional forma de configurar las ciudades social y espacialmente.
Escobar (1996) compara el manejo dado por la burguesía del siglo XIX, con los de los planificadores del Tercer Mundo de hoy en día, concluyendo que a través del manejo que se le da a la pobreza se abre un campo a la intervención que algunos denominan como “lo social” y que, además de ésta, abarca temas como el de la salud, la educación, la higiene, el desempleo. Estas situaciones fueron denominadas como “problemas sociales” impulsaron el estudio de la sociedad a través de un conocimiento científico de su población y “el planeamiento social e intervención en la vida cotidiana” (Escobar 1996: 217).
Para tal motivo se crearon leyes que la regulaban, y el aval del cumplimiento de éstas recaía en el Estado, quien debía asegurar el “bienestar y el buen orden”. De tal modo:
Las fábricas, las escuelas, los hospitales, las prisiones devinieron en lugares privilegiados para moldear la experiencia y los modos de pensar en términos del orden social. En resumen, el ascenso de lo social hizo posible la creciente socialización de la gente por normas dominantes como su inserción en la maquinaria de la producción capitalista. El resultado final de este proceso en el presente es el Estado Benefactor (Escobar 1996: 200).
Yo le agregaría a estos lugares el espacio público, ¿pero es un lugar, un espacio, un territorio?.
Destaquemos dos puntos en lo anteriormente escrito. En primer lugar, estos cambios requirieron drásticas modificaciones en la ideología y en las “cosas” materiales, cambios que no fueron producidos naturalmente, sino utilizándose la coerción. En segundo lugar, lo que han producido estos cambios son los que se han denominado “sujetos gobernables. han modelado no solamente estructuras sociales e instituciones, sino también la manera en que la gente vivencia la vida y se construye a sí misma como sujeto” (Escobar 1996: 218).
Esta concepción llevaría a que se imposibilite mirar el lado negativo de la planificación, aquel lado que no produce únicamente sujetos “modernos”, dependientes cada vez más y en mayor medida, sino también en el que son ordenadas sus realidades, realidades gobernadas y ordenadas, a través de la planificación, por el Estado, como garante que a través de ésta posibilita estandarizar la vida, hacer de la cotidianidad y de la realidad un compendio de normas, implicaciones que llevan a la injusticia y a la eliminación de toda diferencia, es decir de todo aquello que saliendo de los límites establecidos por éstas podríamos denominar como diversidad.
Para que esto sea posible, es indispensable que ya haya habido lugar para una regulación, se hayan implementado, por ejemplo, una serie de normalizaciones económicas, sociales, culturales, políticas etc. Es posible redefinir, replantear la vida social, económica, a través de la planificación de estos aspectos y su modificación desde un punto de vista racional, eficaz y moral, que estén de acuerdo al modelo de vida impuesto por el capitalismo. Son tan enraizados en la vida de las personas estos límites, fronteras, sobre que es lo bueno y que es lo malo, que su imposición es fácil y deja por lo tanto de ser tan impositiva; la vida se desliga de ella misma posibilitando que el desarrollo a través de la planificación surta efecto21.
Hay un tercer factor que marca el éxito de la planificación, la “economía” —lo formal—, y los hechos que marcaron el nacimiento de la economía clásica a finales del s. XVIII, la institucionalización del mercado, la preponderancia de las corrientes utilitaristas e individualistas que se diseminaron e hicieron del suyo un dominio independiente, externo a la sociedad y a la cultura, capaz de aislarse y universalizarse, dando lugar a la consolidación del capitalismo, mercantilizando la tierra y el trabajo. Las demás maneras de organización económica fueron marginalizadas, como sería el caso de la ejercida por los vendedores ambulantes.
Roberto Segre (1998), en el borrador de un documento sobre una investigación de las evoluciones de las estructuras simbólicas en las ciudades latinoamericanas, citando a Nuno Portas (1998), resalta cómo se encaminan las intervenciones, las planificaciones del espacio público: estas acciones que buscan recalificarlo, que puntualizan su estética y que buscan dinamizarlo para incentivar su uso y sus funciones para un disfrute “comunitario” mostrando el hilo primordial, conductor del cambio de escala de unos proyectos tradicionales hacia un planeamiento global. Estas intervenciones en el espacio público se desarrollaron y se desarrollan en tres ámbitos principales: el centro histórico, los barrios y la periferia marginal.
Para el centro histórico se buscaba frenar su deterioro, porque lo deteriorado no sirve, lo degradado afea y no ayuda a la recuperación de los sitios históricos (recuperación de monumentos, edificios, lugares “representativos de la memoria social”), las deformidades en sus funciones llevan a la violencia del sector, tanto física como social; la irrupción de la agresión de ciertas estructuras comerciales niega, los beneficios y privilegios de actividades culturales y evita la restauración, no solo de bienes mobiliarios sino de un “sentido de pertenencia”.
El desarrollo del Parque del Tercer Milenio hace parte de esa recuperación del “centro”, dejar que fuera tan miserable, construyendo un gran parque, con edificaciones bonitas, acompañadas por un gran Centro Comercial, como plantea Peñaloza: “el centro comercial más grande del país, una cosa muy tipo uno de esos centros comerciales como de Boston, con un parqueadero gigantesco debajo, que ayude a la reactivación de toda la zona” (Beccassino 2000: 213), subrayando que para su creación hay apoyo de los comerciantes del sector de los “formales”.
¿Hay un espacio público o unos espacios públicos?. Los centros comerciales no son espacios tan públicos, aunque finjan serlo; la irrupción de este tipo de Centro Comercial en esta zona de la ciudad nos recuerda los planteamientos de Sarlo (1994), pues sí bien la aparición de estos en los barrios de los ricos ha dado lugar a que se configuren “nuevos y propios centros”, —más limpios, ordenados, mejor vigilados con mejores ofertas— y aunque en apariencia estos no excluyan, ocurre que:
El shopping es exactamente una realización hiperbólica y condensada de cualidades opuestas y, además, como espacio extraterritorial, no exige visados especiales. En la otra punta del arco social, la extraterritorialidad del shopping podría afectar lo que los sectores medios y altos consideran sus derechos, sin embargo, el uso según días y franjas horarias impide la colisión de estas dos pretensiones diferentes. Los pobres van los fines de semana cuando los menos pobres y los más ricos prefieren estar en otra parte. El mismo espacio cambia con las horas y los días mostrando esa cualidad transocial que, según algunos, marcaría a fuego el viraje de la posmodernidad (Sarlo 1994: 21).
Pero la adecuación de uno de estos “centros” en el “centro” de la ciudad y con las características que enfatiza el exalcalde Peñalosa —como los de Boston—, se refiere a la idea de que son construidos para reemplazar a la ciudad: “como una nave espacial, el shopping tiene una relación indiferente con la ciudad que lo rodea: esa ciudad siempre es el espacio exterior, bajo la forma de autopista con villa miseria al lado, gran avenida, barrio suburbano o peatonal. a diferencia de las cápsulas espaciales, los shopping cierran sus muros a las perspectivas exteriores” (Sarlo 1994: 17).
Los otros dos ámbitos propuestos por Portas (1998) son los barrios y las periferias marginales. En los barrios se busca rescatar y recuperar los sitios de encuentro, los lugares de congregación (sitios de reunión de poetas, músicos, futbolistas, líderes, culturales y cívicos) Se busca afianzar los lazos de identidad, de pertenencia, de “personalidad”, para “despertar” las asociaciones con sus líderes. El tercer ámbito es el de la periferia marginal; por medio de estas acciones sus habitantes son “integrados” en la ciudad formal, con la dinámica integrativa del mejoramiento de los servicios y de las infraestructuras de la “otra ciudad”, para: “hacerles sentir que no son los más excluidos de la vida urbana, sino participes con voz y voto en los destinos del territorio urbanizado” (Sergre 1998).
Ejemplos citados también por Sergre (1998), muestran como estas intervenciones están dirigidas para “convertir a los habitantes en ciudanos”, tal es el caso de Curitiba, Brasil, que se constituye en un paradigma internacional por transformarse en una ciudad armonizada, con el diseño integral de edificios, áreas verdes, sistema de transporte colectivo efectivo, recuperación del centro histórico y una adecuación del mobiliario urbano.
También en Brasil, pero ahora en Río de Janeiro, se logra algo similar con el inicio de 105 programas de Rió-Cidade y de Favela-Bairro, que buscan revitalizar 17 barrios, refuncionalizando, fortaleciendo y creando elementos identificadores de lo social y lo cultural en los barrios, e integrando los asentamientos informales a la formalidad de la ciudad, insertados bajo una iniciativa impulsada por el BID; así convertirán a los habitantes en “ciudadanos de Río de Janerio”.22
Sergre (1998) anota que el más notable de estos planes, cuyo éxito es su aporte al diseño de los hábitat de la pobreza, es en Recife (Brasil), en donde hay una propuesta para que en un único espacio se integren a los vendedores ambulantes de la ciudad. Esta propuesta se basa en crear estructuras metálicas con toldos para guardar ordenada y estéticamente las mercancías y a los que practican esta actividad “improvisada e invasora del ámbito público” (Sergre 1998: 9).
Otros ejemplos serían la conservación del centro histórico de La Habana y los proyectos que se realizan en la Argentina, especialmente en Buenos Aires y Córdoba, en donde se valorizan nuevamente los sub-municipios y se fortalecen en estos las actividades culturales, económicas y sociales.
En Colombia, además de la creación de la ya citada Defensoría, tenemos varios ejemplos, entre ellos el que tiene que ver con esa revaloración del centro histórico de la ciudad. El Plan de Recuperación del Centro de la ciudad surge como un programa de la Alcaldía Mayor del Distrito, coordinado por Planeación Distrital. Cinco son los temas claves de esta iniciativa de carácter empresarial con contenido social: la seguridad, la renovación urbana, el espacio público, el tránsito y los servicios públicos.
San Victorino es uno de los sectores en donde esta iniciativa se realizará con más fuerza, en esta parroquia, creada en 1577 por Francisco Hernán Sánchez, y cuyo esplendor fue en la primera mitad del siglo XVII por ser la zona de abastecimiento de la ciudad, no será la primera transformación ni la única intervención. Para Zambrano (Notas del curso Bogotá y el espacio urbano, 2003), la ciudad es representación de poder; por ejemplo, para los españoles la ciudad era un elemento fundamental para dominar a las provincias y a través del control y dominio del espacio conquistado se logran imponer el orden y la continuidad del mundo colonial y asegurar la efectividad del proyecto político.
Para la segunda mitad del siglo XVIII, la parroquia de San Victorino presenta los mayores índices de expansión, manteniéndose como uno de los principales puertos de entrada a la ciudad, chocando con la tradicional idea de que la ciudad solo se extendió de norte a sur siguiendo el camino de la calle real o carrera séptima; la ciudad, en efecto, crece a lo largo de los siglos en esta dirección, pero también crece hacia San Victorino, convirtiéndolo en un lugar de intercambios donde se facilitaban varios contactos.
Después del 9 de abril, tras la toma directa del espacio por parte del “pueblo”, San Victorino logra una nueva conformación espacial, de donde surge una nueva apropiación de los sectores populares que corta con los modelos impuestos por los sectores dominantes; sin embargo, estos crean “programas para la ciudad colombiana” a través de los cuales se busca modernizar la ciudad por medio de la represión y de la coerción de lo que fue considerado como las “muchedumbres revolucionarias” (Moncada y Reverón, 1990), y lejos quedaron los recuerdo de Margarita Cuervo (Historia Común, 2000) de las señoras vestidas con faldas prensadas sobre las que caían pañolones de colores oscuros que cubrían los cuerpos.
Esta reformulación del espacio responde a las necesidades de los intereses planificadores, que buscan satisfacer la necesidad de la ciudad; las construcciones “modernas” de los setentas y los elementos físicos incorporados desde los años cincuentas buscan expresar en el espacio los nuevos objetivos que debe cumplir este sector para modernizar la ciudad, dentro del mercado capitalista, y desde allí, del centro, administrar la ciudad, manteniendo, no obstante, la tradición comercial del sector.
En 1958 son cedidos los terrenos para crear el mercado de San Victorino y en 1961 se autorizó la instalación de los vendedores ambulantes que se pretendía “erradicar” de la décima. A principio de la década de los sesenta, hay un gran descontento entre los funcionarios que administraban la ciudad ya que, según ellos, entre las dificultades existentes en ese momento para el buen desempeño de la ciudad, hay una sobre ocupación de las calles porque hay muchos vendedores ambulantes.
Sin embargo, estos descontentos nos recuerdan las intenciones que describía Peñalosa, recuperar simbólicamente el “valor del centro”; fue lo mismo que se trató de hacer en esa época, se trasladan, los vendedores ambulantes a sitios “menos estratégicos” para que el Gobierno, desde las partes simbólicamente “más estratégicas” de la ciudad, ejerza el control político y económico de la ciudad.
Hacia 1962, el entonces alcalde Jorge Gaitán Cortés, realiza en el sector una reubicación de vendedores ambulantes con la participación de APECO (Asociación de Pequeños Comerciantes) y se autoriza la instalación de estos. La creación de las Galerías de Antonio Nariño, por medio del acuerdo 80 de 1962, adscritas al Fondo Rotativo de Restaurantes que dependía de la Secretaría de Salud Pública, se hace encima de la Plazuela de Nariño, un antiguo espacio de disfrute “colectivo”, y se constituye lo que Rojas y Reverón (1990) denominan como el primer gran centro comercial popular, a partir del primer plan de recuperación del espacio público. En el mismo año, la Sociedad de Ornato y Mejoras de la ciudad denuncia que uno de los elementos-problemas que impiden embellecer adecuadamente la ciudad es la gran cantidad de vendedores ambulantes que pululan en las calles.
Más no es solo por la necesidad de belleza que se estigmatizaba a los vendedores ambulantes; el aspecto económico también es relevante; el contrabando se agrega a esa actividad de manera irremediable, de tal suerte que además de ser señalados por degradar la armonía de la ciudad, son repudiados por constituirse en una piedra en el zapato del interés del orden económico y político que imperaba en esa época.
Rojas y Reverón (1990), señalan cómo se realiza una zonificación según el uso que se dé a esta parte de la ciudad, quedando el centro de ésta, dividido en dos a partir de la carrera décima: de la décima hacía la Plaza de Bolívar se ubicarán las sedes administrativas y gubernamentales y hacia la Plaza de San Victorino habrá un desenfreno mercantil y social; era esa zona la que debía ser intervenida por medio de las normas, para ser posteriormente regularizada; la buena mano de las élites planificadoras evitaría que se volvieran unos muladares, se volvieran focos de delincuencia que afectaran el orden citadino.
Allí es donde se debe ubicar la que fue denominada “política paternalista” de Gaitán Cortés, quien bajo su mandato construye las ya citadas Galerías Nariño como una necesidad creciente de control social y económico, a través del espacio, sobre esa población del centro de la ciudad. Por medio de la reubicación se los organizó, garantizando así el control sobre ellos y sobre su actividad, estrategia doble que respondía a los intereses expuestos por las élites y sus propuestas planificadoras: crear unas herramientas futuras para la renovación urbana, zonificación del tipo de comercio y de la población, evitando que ciertas zonas fundamentales para sus intereses quedaran a merced de los vendedores ambulantes.
Esto partir de la idea de recuperación de un espacio para todos; también bajo la premisa de una estética que generara una valorización del sector y se ampliara el crecimiento de mercados “formales” que benefician a unos pocos. De todos modos, lo negativo de lo popular, de la inseguridad, se sigue manteniendo y se refuerza con la función que ya desde la colonia tenía San Victorino como uno de los puertos de entrada de la ciudad de variedad de mercancía y de múltiples inmigrantes, que veían en el menudeo una nueva forma de vida que se ajustaba a sus condiciones de itinerancia.
Esta situación choca con la creciente necesidad, ya expuesta y reforzada por los acontecimientos de hoy, de recuperar el centro por su valor histórico y por ser el lugar desde donde se ejercen ciertas funciones administrativas; también como crisol de identidades dispersas.
Según los acuerdos 25 de 1972 y 4 de 1975, el fondo al que estaban inscritas las galerías, cambia su nombre por el de Fondo de Ventas Populares, a cuya entidad se destinaron los recursos financieros para preservar el espacio público y mantener también las galerías en perfecto orden. Pero son los mismo vendedores quienes deben sostener en buen estado las estructuras ante la falta de apoyo del Estado; esto facilita, aunque no es la principal causa, que los vendedores ambulantes se agrupen y hacia finales de la década de los ochentas surjan varias organizaciones de vendedores ambulantes, como ACUGAN y COOMERGAN; la aparición de estas asociaciones, sean sindicales o no, se va a disparar en los próximos años, involucrándose en su constitución corrupciones, intrigas, juegos de intereses que fragmentan una pretendida unidad de los vendedores ambulantes.
La necesidad de ordenar la relación del vendedor ambulante con la ciudad y el espacio público no es nueva, y ha estado mediatizada por la aparición de normas que la regulen. Para Rojas Moncada y Reverón Peña (1990), sobresalen dos características principales en esta regulación que se ha hecho desde la segunda mitad del siglo pasado, resumiendo dos situaciones contradictorias: por un lado, la permisividad individual para ejercer esta actividad; hecho que puede ser comprobado por la expedición de las licencias a los vendedores ambulantes; la situación contradictoria tendría como punto máximo el cambio de la Constitución y la posterior promulgación de una nueva en 1991 en la cual se reglamenta la utilización del espacio público con la primacía del interés común sobre el individual.
El decreto 3133 de 1968 refleja la situación de la normatividad del espacio público a lo largo de esa década de los sesentas, en donde se resalta la falta de demarcación y sentido de pertenencia del espacio público, al contrario de lo que hoy. Entre las funciones del alcalde no estaba previsto el control del espacio público y debe ser entonces el Plan de Desarrollo el que disponga dispositivos para su regulación.
En 1970, con el decreto 1355, las regulaciones del espacio público pasan a ser una normatividad de la policía. La reglamentación contra el vendedor ambulante es permisiva pero no complaciente; se permite el ejercicio de esta actividad, pero se considera que atenta contra el bien de la seguridad pública el uso de estos espacios por ella. Siete años más tarde, por medio del Acuerdo No. 3 de 1977, se establece un “Estatuto Orgánico” de regulación del manejo del Espacio Público (Rojas y Reverón 1990).
Allí se especifican las distinciones entre un vendedor ambulante y el estacionario, se hace obligatorio el uso de la licencia, que debe ser personal e intransferible (aunque puede ser heredada), el uso de ciertos distintivos especiales y visibles, el buen mantenimiento de vitrinas y kioscos y demás elementos utilizados. Para la adjudicación de lotes se tenía en cuenta a vendedores que no poseían uno con anterioridad, no se permitían decomisar mercancías a los vendedores por parte de la policía pero, se exigía que el lugar en donde estos se encontraran debía estar perfectamente aseado.
De igual modo, se clasificaban las zonas que podían ser utilizadas con tal fin en: áreas especiales, restringidas, libres y vedadas. Continuando así con la tendencia, expresada para la década de los sesenta, de aparente permisividad sí, pero no de total agrado.
En la década de los ochenta, mediante el acuerdo No.7 de 1980, se reubican algunos vendedores, y en el Código de Seguridad de Policía, según el acuerdo No. 18 de 1989, se estipula que las vías públicas deben ser preservadas y vigiladas estrictamente para guardar su seguridad y poder mantener su ornato. Pero es a finales de esa década, por medio de la Ley 09 de 1989 de Reforma Urbana, que queda prohibida la utilización del espacio público por individuos, es decir, que su uso y disfrute sea de carácter privado. Se rechaza la utilización del espacio público por intereses distintos al bien común, ya que el espacio público tiene como fin constituirse en un espacio para el disfrute colectivo, donde primen los intereses cívicos e institucionales.
En la Constitución de 1991, el artículo 82 enfatiza que es el Estado quien debe velar por la protección e integridad del espacio público y se enfatiza el objetivo del Acuerdo No. 6 de 1990, que estaba encaminado a crear, producir, conformar, rehabilitar, restituir, reparar, administrar y aprovechar éste y relaciona a la ciudad con los derechos colectivos de los ciudadanos sobre la protección y los intereses relacionados con los espacios. Para 1993 se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial y se busca que se generen cambios en la ordenación del espacio y territorios colombianos (para nuestro caso Bogotá), y que se generen cambios en los comportamientos de las personas, así también el uso y goce de estos.
Sin embargo, a decir de Zambrano (notas del curso Bogotá, el espacio urbano, 2003), hay varios cambios en las políticas de la ciudad de los años cincuentas hasta los ochentas y la que se observa desde esa década hasta nuestros días. El período comprendido entre los cincuenta y los ochenta está caracterizado por la solución de los problemas más apremiantes para la población, como conseguir un lugar para vivir y con la adecuada prestación de los servicios públicos. La adecuación de los predios, que en su mayoría se constituyen en barrios piratas (aquellas urbanizaciones que no se crean bajo la presencia del Estado, pero tampoco en su contra, por agentes privados, sin cumplir con las normas urbanísticas) y la consecución de los servicios básicos bajo las figuras de las JAC (Juntas de Acción Comunal, creadas en 1958, en el gobierno de Alberto Lleras Camargo); y el clientelismo que surge como un mecanismo para poder acceder aquellos (los concejales son los representantes de los intereses barriales, los intermediarios políticos que expresan las inquietudes de la comunidad).
A partir de la década de los ochenta y los noventa se presenta un cambio, una ruptura, con las administraciones anteriores, cuya marca indeleble está constituida por el gobierno del exalcalde Jaime Castro, quien a través de la implementación de ciertas medidas, como los cambios del Estatuto Urbano, transforma la manera de acceder al Estado, haciéndola más directa. Este cambio de administración y la manera de relacionarse con el servidor público es la que hace posible entender los cambios en la manera como la gente, el ciudadano, se relaciona con la ciudad y entender el nivel de acogida de las propuestas de los gobiernos de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa a través de símbolos y prácticas unificadoras que buscaban y buscan un cambio complejo en la ciudad (Zambrano 2003, Notas del curso de Bogotá).
Parece que las políticas de Mockus estaban y están encaminadas a hacer de las ciudades un escenario de aprendizaje, en donde la relación entre el ciudadano y la ciudad dé lugar a un gran proceso pedagógico en el que se elabore una nueva identidad que corresponda con las nuevas maneras de vivir como ciudadano. La ciudad se constituye en una macro-escuela, en ella se “permite la contigüidad de individuos altamente diferenciados y la convivencia de categorías sociales muy diversas” (Sánchez, 1996).
La dualidad ciudadana, desde este modelo, es ser a la vez educador y educando por medio de intercambios pedagógicos en la gran ciudad-biblioteca, en donde se presentan grandes circulaciones de saber entre los comportamientos no homogéneos de los habitantes de Bogotá y se conforma un flujo de intercambios de maneras pedagógicas y acuerdos sociales que deben ser aceptados por todos. El ciudadano también se vuelve un veedor, por medio de los programas que propone la alcaldía, como, por ejemplo, el de “Bogotá cómo vamos”.
Para julio de 2000, el POT, una carta de navegación que ayuda a regular la actuación pública y privada, sirve para organizar el territorio estableciendo los parámetros, las infraestructuras, las construcciones, las obras públicas, las zonas ambientales y el patrimonio histórico. Por medio de esta carta se precisan y se unifican las condiciones técnicas del espacio público -las especificaciones del diseño urbano: uniforme, funcional y seguro-, de este modo el paisaje urbano, además de ser funcional técnica y estéticamente, ayudará a afianzar el modelo de ciudad competitivo que se espera sea Bogotá.
El espacio público será el soporte (junto con los espacios privados) de una ciudad sostenible-desde lo ambiental, ecológico-, pues ésta orientará y será el escenario de las políticas que desde el POT se diseñarán para la producción, control y sostenimiento del espacio público; la ciudad se formara de manera adecuada y equitativa por medio de redes, circuitos y puntos de articulación urbana.
Todas estas políticas son los hilos de la cinta de Möebius, con ellas se esta tejiendo la ilusión, un continuo en el espacio y en el tiempo de una pretendida igualdad económica y social que solo permite un único tejedor.
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